Washington.- El terremoto ocurrido en Chile en febrero, el quinto más poderoso de cuantos se han registrado en el mundo, abrió una ruptura en el suelo visible a lo largo de 500 kilómetros de la costa, según un artículo que publica hoy la revista Science.
El equipo de investigadores encabezado por Marcelo Farías y Gabriel Vargas, de la Universidad de Chile, observó directamente la ruptura superficial que dejó el terremoto en la región centro-sur chilena y que marcó una magnitud de 8,8 grados.
Los científicos llegaron a la conclusión de que los desplazamientos verticales del suelo fueron el resultado de la liberación de la elasticidad acumulada entre las placas tectónicas desde el terremoto de febrero de 1835 en Concepción, que causó un maremoto.
"Observamos marcadores costeros y ribereños desplazados verticalmente,” indicaron los autores, entre los que se encuentran científicos de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Tolouse (Francia) y de la Universidad de Postdam (Alemania).
Los desniveles en el suelo miden de 1 a 2,5 metros y pueden verse a lo largo de un segmento de unos 500 kilómetros “identificado como la máxima longitud de la ruptura cosísmica,” señala el artículo.
Los efectos en las tierras costeras fueron variados, con un levantamiento del suelo en el sur y un hundimiento en el norte.
Los investigadores hicieron sus mediciones en 24 sitios a lo largo de la costa marítima y en nueve sitios de valles de estuarios, y encontraron una “línea bisagra” a unos 120 kilómetros de la ruptura que separa las áreas levantadas de las regiones hundidas por el terremoto.
Los bordes de las áreas levantadas muestran algas sobre una costra de corales muertos y proporciona una referencia clara para la medición del empuje ascendente del movimiento sísmico.
Los puntos de referencia de obras humanas y el límite más bajo de la vegetación indica las áreas de hundimiento.
"El levantamiento más grande de hasta 2,5 metros ocurrió en la península de Arauco donde emergieron plataformas marinas que movieron la línea costera medio kilómetro hacia el océano,” señalaron.
En las primeras horas de los movimientos secundarios, tras el terremoto mayor, se registraron desplazamientos detectables entre las latitudes 34 sur y 38,30 sur, y en las horas siguientes los desplazamientos se extendieron al sur y el norte cubriendo un área entre las latitudes 33 sur y 39 sur.
"Considerando que la convergencia de las placas tectónicas es ahora de unos 6,8 centímetros por año, nuestro modelo de deslizamiento, de 10 metros, es levemente menor que el de 11,9 metros esperado de un acoplamiento pleno de las placas desde el último terremoto en esta región hace 175 años,” indica el artículo.
Las observaciones y los modelos elaborados por los científicos "indican que la mayor parte de la tensión acumulada durante el ciclo sísmico se liberó elásticamente con el terremoto del 27 de febrero,” concluye el artículo.
f.lasegunda
21/7/10
PROPUESTA DE IGLESIA CATOLICA PARA INDULTO GENERAL
.- UN SIGNO DE CLEMENCIA
Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de nuestro país por la paz: tanto por la paz que se abre espacio en nuestros corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y todos los habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero estamos convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.
Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la justicia social, aquella que se construye sobre los derechos humanos y cuya alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y de los niños, de los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista de la seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los tres Poderes del Estado en su lucha contra la delincuencia.
Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al perdón. Por eso, en el contexto del Bicentenario, apreciando la libertad que otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica queremos ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de los derechos humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han sido condenados, y a un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la reconciliación.
Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y en el mes de abril del presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición de la Iglesia Católica de Chile». En ese documento expusimos los fundamentos para un posible indulto, precedidos de una introducción acerca del sentido del Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el futuro.
Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del Bicentenario quiere tener un significado positivo. «Al igual que la misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en crear nuevas ocasiones de recuperación para cada situación personal y social, aunque aparentemente parezca irremediablemente comprometida» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 4).
En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes que acompañan a quienes han delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía que abstenerse de acciones promocionales en favor del recluso significaría reducir la prisión a una suerte de venganza social.
II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO
Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia basada no sobre la indiferencia, ni sobre la venganza, ni menos sobre la guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos que esta historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que están encarceladas.
Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a las autoridades del país, con ocasión del Bicentenario, un indulto a personas privadas de libertad. Los recordamos brevemente:
1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo mismo, reflexionemos acerca de un sistema penal y carcelario más humano. Como la delincuencia es una preocupación constante de la ciudadanía, queremos promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre ellos, debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han causado quiebres y daños en la sociedad por sus crímenes y delitos. En contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no procuran oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos, incluso las nuevas cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los recintos penales son un hábitat más violento y deshumanizante que aquéllos que favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La cárcel -decía Juan Pablo II- no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 7).
2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están gravemente enfermos o son adultos mayores. Para ello valoremos en su integridad los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, cuya conciencia es progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender la vida, sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear condiciones favorables para que se viva y se trabaje conforme a la dignidad humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una muerte digna. Decíamos entonces que «la celebración del Bicentenario de la Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer nuestra misericordia subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto, comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes, dentro del cumplimiento de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa de su edad, salud y soledad».
3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto, recordábamos que «si un sistema penitenciario busca sancionar un mal cometido con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor para que se transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar acciones promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un fin reivindicativo. En la legislación se contemplan rebajas de pena y estímulos para quienes, dentro de la normativa, demuestran un comportamiento apropiado y, pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por el sistema penal».
Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:
a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades pertinentes, a promover integralmente la rehabilitación y reinserción de aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas, quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son parte.
b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el estado estructural de un gran número de recintos penitenciarios, la superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las dificultades y los conflictos que deben enfrentar quienes custodian a los internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas desconocen.
c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión y que muchas veces no descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la falta de oportunidades y al estigma que tienen que cargar.
4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del Bicentenario se convierta, de verdad, en una «Mesa para todos»: mesa del pan, del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del respeto por la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no están gozando de la mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o bien, por ser jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor en la mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están aquellos que llaman nuestra atención por estar privados de libertad.
Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos al compromiso de las autoridades del país, que quieran velar por nuestra seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su alta cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una justicia pronta y eficiente para quienes atenten contra la integridad de otros chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y el espíritu fraterno que debe caracterizar a la mesa para todos.
Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales, tenemos una deuda que compromete el respeto por sus derechos humanos. No podemos tener cárceles inhumanas ni seguir permitiendo el hacinamiento, con toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos nosotros. Es cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El sólo recurso al encarcelamiento sin otras medidas, como por ejemplo el trabajo remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para que rediman sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos una conversación pendiente como país.
III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO
Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno de Chile, ni al actual ni al anterior, en una situación de incomodidad ante la realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de una sana laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas. Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra convivencia y hacemos una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a la autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los ciudadanos y por nuestras instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad que le corresponde.
En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del respeto a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por Chile, solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor Presidente de la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del Parlamento, considerar y estudiar las siguientes proposiciones:
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado satisfacer estas necesidades, requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes que la autoridad competente debiera ir adoptando por el bien común de la sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del ambiente laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los funcionarios públicos, que se mejoren las condiciones de vida, de convivencia y de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema penitenciario; éstas irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de libertad.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.
IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA
No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para dar paso a la “justicia con clemencia” como connotados juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia.
Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las respetamos, especialmente cuando vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados. Sólo solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que nunca puede reparar totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando al corazón de cada uno, que consideremos de qué manera quisiéramos ser tratados si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu fraterno podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos decisivos de reencuentro y reconciliación.
Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el mismo Jesús nos enseñó con su testimonio y su palabra, que la lógica del perdón es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza e inaugura tiempos nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado.
Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros y la gracia que pedimos por intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero especialmente de aquellos que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.
Firman el Texto: Alejandro Goic (Obispo de Rancagua), Gonzalo Duarte García de Cortázar (Obispo de Valparaíso), Francisco Javier Errázuriz Ossa (Cardenal Arzobispo de Santiago), Ricardo Ezzati Andrello (Arzobispo de Concepción), Santiago Silva Retamales
(Obispo Auxiliar de Valparaíso).
f.lasegunda.cl
Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de nuestro país por la paz: tanto por la paz que se abre espacio en nuestros corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y todos los habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero estamos convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.
Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la justicia social, aquella que se construye sobre los derechos humanos y cuya alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y de los niños, de los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista de la seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los tres Poderes del Estado en su lucha contra la delincuencia.
Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al perdón. Por eso, en el contexto del Bicentenario, apreciando la libertad que otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica queremos ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de los derechos humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han sido condenados, y a un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la reconciliación.
Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y en el mes de abril del presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición de la Iglesia Católica de Chile». En ese documento expusimos los fundamentos para un posible indulto, precedidos de una introducción acerca del sentido del Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el futuro.
Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del Bicentenario quiere tener un significado positivo. «Al igual que la misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en crear nuevas ocasiones de recuperación para cada situación personal y social, aunque aparentemente parezca irremediablemente comprometida» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 4).
En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes que acompañan a quienes han delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía que abstenerse de acciones promocionales en favor del recluso significaría reducir la prisión a una suerte de venganza social.
II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO
Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia basada no sobre la indiferencia, ni sobre la venganza, ni menos sobre la guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos que esta historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que están encarceladas.
Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a las autoridades del país, con ocasión del Bicentenario, un indulto a personas privadas de libertad. Los recordamos brevemente:
1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo mismo, reflexionemos acerca de un sistema penal y carcelario más humano. Como la delincuencia es una preocupación constante de la ciudadanía, queremos promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre ellos, debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han causado quiebres y daños en la sociedad por sus crímenes y delitos. En contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no procuran oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos, incluso las nuevas cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los recintos penales son un hábitat más violento y deshumanizante que aquéllos que favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La cárcel -decía Juan Pablo II- no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 7).
2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están gravemente enfermos o son adultos mayores. Para ello valoremos en su integridad los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, cuya conciencia es progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender la vida, sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear condiciones favorables para que se viva y se trabaje conforme a la dignidad humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una muerte digna. Decíamos entonces que «la celebración del Bicentenario de la Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer nuestra misericordia subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto, comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes, dentro del cumplimiento de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa de su edad, salud y soledad».
3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto, recordábamos que «si un sistema penitenciario busca sancionar un mal cometido con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor para que se transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar acciones promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un fin reivindicativo. En la legislación se contemplan rebajas de pena y estímulos para quienes, dentro de la normativa, demuestran un comportamiento apropiado y, pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por el sistema penal».
Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:
a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades pertinentes, a promover integralmente la rehabilitación y reinserción de aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas, quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son parte.
b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el estado estructural de un gran número de recintos penitenciarios, la superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las dificultades y los conflictos que deben enfrentar quienes custodian a los internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas desconocen.
c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión y que muchas veces no descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la falta de oportunidades y al estigma que tienen que cargar.
4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del Bicentenario se convierta, de verdad, en una «Mesa para todos»: mesa del pan, del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del respeto por la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no están gozando de la mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o bien, por ser jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor en la mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están aquellos que llaman nuestra atención por estar privados de libertad.
Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos al compromiso de las autoridades del país, que quieran velar por nuestra seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su alta cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una justicia pronta y eficiente para quienes atenten contra la integridad de otros chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y el espíritu fraterno que debe caracterizar a la mesa para todos.
Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales, tenemos una deuda que compromete el respeto por sus derechos humanos. No podemos tener cárceles inhumanas ni seguir permitiendo el hacinamiento, con toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos nosotros. Es cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El sólo recurso al encarcelamiento sin otras medidas, como por ejemplo el trabajo remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para que rediman sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos una conversación pendiente como país.
III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO
Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno de Chile, ni al actual ni al anterior, en una situación de incomodidad ante la realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de una sana laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas. Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra convivencia y hacemos una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a la autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los ciudadanos y por nuestras instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad que le corresponde.
En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del respeto a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por Chile, solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor Presidente de la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del Parlamento, considerar y estudiar las siguientes proposiciones:
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado satisfacer estas necesidades, requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes que la autoridad competente debiera ir adoptando por el bien común de la sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del ambiente laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los funcionarios públicos, que se mejoren las condiciones de vida, de convivencia y de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema penitenciario; éstas irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de libertad.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.
IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA
No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para dar paso a la “justicia con clemencia” como connotados juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia.
Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las respetamos, especialmente cuando vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados. Sólo solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que nunca puede reparar totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando al corazón de cada uno, que consideremos de qué manera quisiéramos ser tratados si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu fraterno podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos decisivos de reencuentro y reconciliación.
Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el mismo Jesús nos enseñó con su testimonio y su palabra, que la lógica del perdón es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza e inaugura tiempos nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado.
Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros y la gracia que pedimos por intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero especialmente de aquellos que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.
Firman el Texto: Alejandro Goic (Obispo de Rancagua), Gonzalo Duarte García de Cortázar (Obispo de Valparaíso), Francisco Javier Errázuriz Ossa (Cardenal Arzobispo de Santiago), Ricardo Ezzati Andrello (Arzobispo de Concepción), Santiago Silva Retamales
(Obispo Auxiliar de Valparaíso).
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20/7/10
SEGMENTACION ECONOMICA SOCIAL DE CHILE
SEGMENTACION ECOMICASOCIAL DE CHILE: GRUPO
GRUPO E=INGRESO BAJO LOS $200.000-
GRUPO D=INGRESO ENTRE $200.001 Y $400.000
GRUPO C3=INGRESO ENTRE $400.001 Y $600.000
GRUPO C2=$600.001 Y $1700.000
GRUPO ABC1= INGRESOS SOBRE $1.700.000 MENSUAL .
NUESTRA COMUNA TIENE EL 98% DE GRUPO E Y D
GRUPO E=INGRESO BAJO LOS $200.000-
GRUPO D=INGRESO ENTRE $200.001 Y $400.000
GRUPO C3=INGRESO ENTRE $400.001 Y $600.000
GRUPO C2=$600.001 Y $1700.000
GRUPO ABC1= INGRESOS SOBRE $1.700.000 MENSUAL .
NUESTRA COMUNA TIENE EL 98% DE GRUPO E Y D
15/7/10
DIPUTADA CRISTINA GIRARDI JUNTO A CIUDADANOS DEL DISTRITO 18
La diputada CRISTINA GIRARDI realizo un encuentro con vecinos,dirigentes sociales,dirigentes del colegio de profesores,profesores y comunidad en general del distrito 18 , aqui dio a conocer argumentos para mejorar el proyecto de ley de educacion que se discute en el parlamento, ademas recogio las ideas ,objeciones y planteamientos de los asistentes para asi tener mayores argumentos ante la discucion de mencionado proyecto.
9/7/10
QUE EL ESTADO SUBSIDIE EL DECODIFICADOR PARA LA TV DIGITAL
En nuestra comuna debemos exijir que el estado a traves del ministerio de transporte y telecomunicaciones entrege a cada vivienda un subsidio que permita a los vecinos comprar su decodificador para ver television digital, POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR
TELEVISON DIGITAL
Finalmente el gobierno de Chile definió la norma digital que se utilizará para la transmisión de la televisión abierta (de libre recepción), generando muchas dudas que esperamos ir aclarando de la forma más clara y sencilla posible.
Lo primero que tenemos que dejar en claro es que, con la decisión recién adoptada por el gobierno, no es necesario que corras a comprar un nuevo televisor que cumpla con el nuevo estándar, porque el proceso de implementación (apagón analógico) se realizará por etapas y durará varios años.
Lo que el gobierno acaba de anunciar se refiere en términos simples a la forma como se transmitirán las señales de televisión de libre recepción que actualmente podemos ver en nuestras casas. En términos más simples aún las señales de los canales Red TV, Canal 13, Canal 7, Megavisión, Chilevisión, etc. y que son sintonizados gracias a una antena ubicada en nuestro televisor (no se consideran aquellos que tienen contratados algún sistema de televisión de pago).
En la actualidad en Chile esas señales viajan por el aire gracias a frecuencias analógicas previamente definidas (bajo el estándar denominado NTSC), por lo que todos los televisores que actualmente se comercializan en el país integran un sintonizador que cumple con dicho estándar y, en algunos casos, con la norma digital creada por los Estados Unidos.
Con el paso de los años y la llegada de la tecnología digital a nuestros hogares (el CD, el reproductor de DVD, MP3, etc.), las compañías ligadas a la industria de la televisión se percataron que para poder enviar a nuestros hogares estos contenidos digitales sin tener que sacrificar la calidad, se debía digitalizar también la forma como las señales de televisión eran emitidas, por lo que nació el concepto de televisión digital terrestre (TDT).
Acá es donde surgen los primeros inconvenientes, porque las grandes naciones no se ponen de acuerdo para crear un sólo estándar, sino que cada una opta por crear sus propias normas. De esta manera surgen las normas de televisión digital ATSC (creada por los Estados Unidos como una evolución de NTSC), la DVB/T (impulsada y utilizada por la Comunidad Económica Europea), la ISDB-T (proveniente de Japón) y la DMB-T (creada y utilizada en China).
Entonces lo que se acaba de anunciar es que de todas las normas descritas anteriormente, en Chile se utilizará la norma ISDB-Tb (la norma japonesa modificada por Brasil para utilizar compresión MPEG-4) y que también será utilizada en Argentina, Perú y Venezuela.
Con esta decisión ahora son los distintos canales de televisión que operan en Chile los que deberán realizar las inversiones necesarias para poder emitir sus señales bajo esta nuevo norma de TDT, un proceso que se realiza de forma paulatina y que podría llegar a durar unos 10 años.
En términos bastante simples lo que ocurrirá durante este proceso de implementación es que los canales actuales seguirán funcionando tal cual lo hacen hoy. En la medida que tengan implementada la tecnología necesaria para emitir sus señales bajo el estándar digital, realizarán la emisión de sus programas bajo ambos estandares en paralelo (análogo y digital). Este proceso de emisión simultánea es el que podría llegar a durar unos diez años.
La principal diferencia que se podrá percibir entre las emisiones analógicas y digitales tienen que ver con la calidad de esta última, la que se asemeja a la calidad que nos entrega una película en DVD. Claro que en el caso de las emisiones digitales los canales también podrán optar por emitir su contenido en Alta Definición, lo que se espera que recién comience a ser una realidad durante las transmisiones del próximo mundial de fútbol en el año 2010.
Si tienes un televisor CRT o LCD con sintonizador analógico y/o digital NTSC/ATSC no debes preocuparte, porque si quieres recibir las nuevas señales digitales sólo tendrás que adquirir un decodificador que cumpla con la norma ISDB-Tb y listo (se espera que estos decodificadores tengan un precio inferior a los USD$100).
Aquellos que tengan contratado algún sistema de televisión de pago (cable o satélite) no deben hacer nada, las compañías que proveen el servicio deberán incluir estos nuevos canales en su grilla cuando entren en operaciones.
La decisión si es buena idea adquirir hoy un nuevo televisor LCD depende principalmente si tienes contratado o vas a contratar algún sistema de televisión de pago. Si es así lo puedes comprar sin ningún problema, de lo contrario debes evaluar si puedes esperar hasta que lleguen los nuevos televisores con sintonizador ISDB-Tb (lo que debería ocurrir a más tardar a mediados del 2010) o si estas en condiciones de adquirir uno de los decodificadores que cumplan con esta nueva norma.
(DIARIO CIUDADANO EL AMAULE)
Lo primero que tenemos que dejar en claro es que, con la decisión recién adoptada por el gobierno, no es necesario que corras a comprar un nuevo televisor que cumpla con el nuevo estándar, porque el proceso de implementación (apagón analógico) se realizará por etapas y durará varios años.
Lo que el gobierno acaba de anunciar se refiere en términos simples a la forma como se transmitirán las señales de televisión de libre recepción que actualmente podemos ver en nuestras casas. En términos más simples aún las señales de los canales Red TV, Canal 13, Canal 7, Megavisión, Chilevisión, etc. y que son sintonizados gracias a una antena ubicada en nuestro televisor (no se consideran aquellos que tienen contratados algún sistema de televisión de pago).
En la actualidad en Chile esas señales viajan por el aire gracias a frecuencias analógicas previamente definidas (bajo el estándar denominado NTSC), por lo que todos los televisores que actualmente se comercializan en el país integran un sintonizador que cumple con dicho estándar y, en algunos casos, con la norma digital creada por los Estados Unidos.
Con el paso de los años y la llegada de la tecnología digital a nuestros hogares (el CD, el reproductor de DVD, MP3, etc.), las compañías ligadas a la industria de la televisión se percataron que para poder enviar a nuestros hogares estos contenidos digitales sin tener que sacrificar la calidad, se debía digitalizar también la forma como las señales de televisión eran emitidas, por lo que nació el concepto de televisión digital terrestre (TDT).
Acá es donde surgen los primeros inconvenientes, porque las grandes naciones no se ponen de acuerdo para crear un sólo estándar, sino que cada una opta por crear sus propias normas. De esta manera surgen las normas de televisión digital ATSC (creada por los Estados Unidos como una evolución de NTSC), la DVB/T (impulsada y utilizada por la Comunidad Económica Europea), la ISDB-T (proveniente de Japón) y la DMB-T (creada y utilizada en China).
Entonces lo que se acaba de anunciar es que de todas las normas descritas anteriormente, en Chile se utilizará la norma ISDB-Tb (la norma japonesa modificada por Brasil para utilizar compresión MPEG-4) y que también será utilizada en Argentina, Perú y Venezuela.
Con esta decisión ahora son los distintos canales de televisión que operan en Chile los que deberán realizar las inversiones necesarias para poder emitir sus señales bajo esta nuevo norma de TDT, un proceso que se realiza de forma paulatina y que podría llegar a durar unos 10 años.
En términos bastante simples lo que ocurrirá durante este proceso de implementación es que los canales actuales seguirán funcionando tal cual lo hacen hoy. En la medida que tengan implementada la tecnología necesaria para emitir sus señales bajo el estándar digital, realizarán la emisión de sus programas bajo ambos estandares en paralelo (análogo y digital). Este proceso de emisión simultánea es el que podría llegar a durar unos diez años.
La principal diferencia que se podrá percibir entre las emisiones analógicas y digitales tienen que ver con la calidad de esta última, la que se asemeja a la calidad que nos entrega una película en DVD. Claro que en el caso de las emisiones digitales los canales también podrán optar por emitir su contenido en Alta Definición, lo que se espera que recién comience a ser una realidad durante las transmisiones del próximo mundial de fútbol en el año 2010.
Si tienes un televisor CRT o LCD con sintonizador analógico y/o digital NTSC/ATSC no debes preocuparte, porque si quieres recibir las nuevas señales digitales sólo tendrás que adquirir un decodificador que cumpla con la norma ISDB-Tb y listo (se espera que estos decodificadores tengan un precio inferior a los USD$100).
Aquellos que tengan contratado algún sistema de televisión de pago (cable o satélite) no deben hacer nada, las compañías que proveen el servicio deberán incluir estos nuevos canales en su grilla cuando entren en operaciones.
La decisión si es buena idea adquirir hoy un nuevo televisor LCD depende principalmente si tienes contratado o vas a contratar algún sistema de televisión de pago. Si es así lo puedes comprar sin ningún problema, de lo contrario debes evaluar si puedes esperar hasta que lleguen los nuevos televisores con sintonizador ISDB-Tb (lo que debería ocurrir a más tardar a mediados del 2010) o si estas en condiciones de adquirir uno de los decodificadores que cumplan con esta nueva norma.
(DIARIO CIUDADANO EL AMAULE)
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